Los días 24 de marzo, 3 y 12 de abril de 2006, la alcaldesa local de San Cristóbal ordenó el sellamiento de nueve ladrilleras que funcionaban en esa localidad, para darle cumplimiento a una resolución del DAMA (hoy Secretaría de Medio Ambiente). Las fábricas fueron cerradas porque contaminaban el ambiente, no contaban con las autorizaciones para trabajar, y por no tener permiso de emisiones atmosféricas. Sin embargo, después de dos años las chimeneas de las ladrilleras siguen funcionando. El humo negro sigue cubriendo por completo el barrio vecino, Las Amapolas, y los niños y viejos del sector deben soportar interminables enfermedades respiratorias. “El cuadro se completa, señorita, con el drama de niños que trabajan allá y hasta se enferman por estar respirando ese humo”, dice María López.
Hace dos años, cuando la alcaldía de San Cristóbal selló las fábricas, la misma alcaldesa, Martha Liliana Perdomo Ramírez, le solicitó a la Policía que “se efectúen controles permanentes a las ladrilleras ubicadas en el costado oriental de la carretera Oriente”. Aparentemente esos controles nunca se hicieron, ni se hacen hoy. Las ladrilleras continúan en funcionamiento y los implicados en el problema se pasan la responsabilidad unos a otros. El representante a la Cámara David Luna estuvo en Las Amapolas a comienzos de este año, recorrió las ladrilleras y comprobó “que las fábricas siguen funcionando y que hay un problema de salud pública en la zona”. Para el representante, “la complicidad entre la alcaldía local y la Policía” ha permitido que las ladrilleras sigan operando.
Los vecinos
El lunes 21 de mayo los habitantes del barrio Las Amapolas se reunieron en la funeraria Los Olvidos para velar a don Rodolfo Cruz, un viejo de 82 años que no puso “pereque” para morirse. Según Ana Vitalia Garzón, “se quedó dormido y nadie se dio cuenta”. La muerte silenciosa de Cruz fue el tema de conversación durante toda la semana. La gente hablaba del entierro, del dolor de la familia y de todos los muertos que han tenido que sepultar durante los últimos años. “El humo nos está matando”, dice Garzón.
Habla del humo negro que envuelve el barrio por las noches, casi siempre los fines de semana, y también de otro humo, igual de molesto y enfermizo, que resulta de la quema de madera y hueso para la fabricación de carbón. Los viernes, al oscurecer, “los dos humos” se unen y hacen una mezcla enfermiza, tóxica, que ha obligado a doña María del Carmen Quintero a estar onectada a un tanque de oxígeno para sobrevivir. Doña María habla bajito y despacio. Tiene 62 años y aparenta muchos más. Una Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) la postró en una silla de madera. Esta mujer vive en Las Amapolas desde hace 20 años. Lleva 15 sufriendo de enfermedades respiratorias y cinco conectada las 24 horas a una pipeta de oxígeno. Su drama se reproduce una y otra vez en el barrio, desde hace quince años, cuando las ladrilleras empezaron a colonizar el sector. Los viejos y los niños son quienes más le preocupan a la comunidad, que pide con urgencia la intervención de la Policía y la alcaldía local.
Los otros protagonistas
Los dos meses que William Herrera Hernández, alcalde local de San Cristóbal, lleva al frente de la administración apenas le han alcanzado para ponerse al día con los quince años de historia de esta problemática. Aclara que la alcaldía ya cumplió con el cierre de las fábricas en 2006. “El sellamiento sólo se puede hacer una vez. Nosotros ya lo hicimos, ahora la competencia es de la Policía. Ellos deben vigilar y velar por el cumplimiento de estas normas”, dice.
Pero ni los habitantes de Las Amapolas ni los mismos ladrilleros han sido testigos de la presencia de los uniformados. “Nunca han ido a inspeccionarnos”, asegura Régulo Huertas, gerente de la ladrillera Colserama, una de las fábricas que ha hecho caso omiso a la resolución de la Secretaría de Medio Ambiente. La razón de su ausencia, según el Mayor Néstor Fernando Herrera Gómez, Comandante de la IV Estación de Policía, es que no han recibido ninguna comunicación para inspeccionar el sector. Pero el alcalde Herrera dice lo contrario: “La alcaldía local ha generado una serie de acciones oficiándole a la Policía el cumplimiento de estas órdenes de cierre. El 23 de enero de este año se ofició al Comandante de la IV Estación de Policía que mantuviera la vigilancia y el control sobre las medidas adoptadas”.
Los entes involucrados todavía no se ponen de acuerdo. Mientras tanto, la norma se sigue incumpliendo. El mismo alcalde local reconoce el problema: “Todas las ladrilleras han violado la medida y siguen funcionando. Ellos manifiestan que tienen la total intención de irse siempre y cuando puedan ser reubicados. Están buscando ser acogidos dentro del Parque Minero Industrial, pero dicen que los terrenos son muy costosos”.
Los ladrilleros aceptan la falta, dicen que están violando las reglas, que saben la alta contaminación que generan, pero que no tienen más alternativas. “Llevamos cinco años en el sector y apenas el año pasado nos hicieron el sellamiento. Paramos de trabajar como un mes y medio. Después nos enteramos de que la mayoría de fábricas estaban selladas y seguían trabajando. Entonces nosotros también abrimos la ladrillera”, cuenta Huertas. Calcular el dinero que perdió en ese mes y medio que suspendió la producción no es muy difícil. Sus ganancias mensuales oscilan entre cinco y siete millones de pesos. Él dice que es poco dinero en comparación con otras ladrilleras que contratan niños para ahorrar gastos en mano de obra, que no pagan impuestos y que ni siquiera están registrados en la Cámara de Comercio de Bogotá (ver recuadro). Niños trabajadores. Otro problema que se suma al de la contaminación, que lleva 15 años sin resolverse.
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