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05/28/2008 |
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Comienza debate por cadena perpetua en el Congreso
Fuente: El País - mayo 28 de 2008
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Para los autores de la iniciativa, el país necesita soluciones radicales para garantizar los derechos a los infantes. A cambio, especialistas en derecho penal, antes que optar por la pena capital, son partidarios de eliminar todos los beneficios que permite la rebaja de penas a abusadores sexuales y asesinos de menores de edad.
El creciente número de asesinatos y abusos sexuales contra menores de 14 años que cada día preocupa más a las autoridades judiciales y a los organismos encargados de proteger la población infantil motivó la presentación de un proyecto de ley que busca establecer una pena tan drástica como polémica: la cadena perpetua.
Los promotores de la iniciativa (los representantes a la Cámara David Luna Sánchez y Simón Gaviria Muñoz, del Movimiento Por el País que Soñamos) defienden con cifras oficiales del Instituto Nacional de Medicina Legal la necesidad de una medida de esta naturaleza.
En el primer semestre de este año se registraron en todo el país 7.800 dictámenes sexológicos, teniendo en cuenta que sólo un 5% de ellos son denunciados.
Sumado a esto, a diario son capturadas, en promedio, 20 personas sindicadas de esta conducta; asimismo, un 80% de las violaciones registradas son atribuidas a familiares o allegados a las víctimas. Igualmente, cada vez es mayor el número de embarazos en niñas de entre 10 y 14 años, así como la cifra de muerte de madres jóvenes y de casos del VIH/Sida.
La iniciativa, sin embargo, despierta tantas pasiones que hoy, por primera vez en muchos años, promotores y detractores de la prisión perpetua medirán fuerzas en una audiencia pública en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Allí fijarán su posición el cardenal primado, monseñor Pedro Pubiano Sáenz; el vicepresidente Francisco Santos; el procurador general, Edgardo Maya Villazón; el fiscal general de la Nación, Mario Iguarán; la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Elvira Forero Hernández; el defensor del Pueblo, Vólmar Pérez, y representantes de varias ONG de derechos humanos.
De los resultados de la audiencia se decidirá si la Comisión Primera de la Cámara da o no primer debate a la ponencia positiva.
La cadena perpetua sería aplicada a violadores y asesinos de niños, pero no en todos los casos. “El proyecto pretende que al momento de juzgarlos el juez tenga la opción de aplicar esta condena cuando un delincuente puede ser reincidente, como en el caso de Luis Alfredo Garavito”, explica la representante Karime Mota, una de las ponentes del proyecto.
Desde ya se advierte que el debate será fuerte, a pesar del amplio apoyo político que tiene la propuesta, pues se cuenta con el respaldo de los partidos Por el País que Soñamos, Cambio Radical, Conservador, Apertura Liberal, Alas Equipo Colombia, la U, Liberal, Colombia Democrática y Colombia Viva.
DEBATE JURÍDICO. Para el representante David Luna, son tres las razones fundamentales del proyecto de acto legislativo: los derechos de los niños prevalecen sobre los de los demás, se ha demostrado la reincidencia del delincuente y en Colombia existe más preocupación por la suerte jurídica del agresor que el bienestar de la víctima.
Expertos en derecho penal, sin embargo, consideran que antes de modificar la Constitución Nacional para establecer la cadena perpetua, lo que hay es que revisar la política criminal del Estado.
Por ejemplo, el ex defensor del Pueblo y ex magistrado de la Corte Constitucional Eduardo Cifuentes Muñoz dice que esta condena fue proscrita en la Carta del 91 porque no permite la resocialización del condenado.
“A delitos graves, sanciones altas. Pero son más importantes la investigación, el juzgamiento y la sanción, que una reacción desesperada como la prisión perpetua ante un clima de impunidad. En la medida que el ciudadano perciba que quien cometió un delito es perseguido, investigado, juzgado y sancionado ejemplarmente, no aspirará a subir más el techo de las penas”, sostiene el jurista.
En sus propias palabras
“La pena de muerte como la prisión a perpetuidad no cumple el objetivo de la resocialización para que una persona que haya cometido crímenes graves, así sea en la tercera edad, se vincule nuevamente a la sociedad. El derecho penal moderno, humanístico, sí contempla sanciones severas, pero de igual forma la posibilidad de la resocialización”. Eduardo Cifuentes Muñoz, ex presidente de la Corte Constitucional. |
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En el mismo sentido, el ex vicefiscal general Francisco José Sintura considera que la pena perpetua debe corresponder a una evaluación científica y razonable de la política criminal del Estado, y no simplemente a una medida coyuntural para atacar un fenómeno creciente.
“Lo que deberíamos revisar es si el régimen de rebaja de penas que contiene el Código de Procedimiento Penal es apropiado: la pena más alta está en 50 años de prisión, pero en la práctica se reduce sustancialmente de tal forma que queda más preso de la ley el propio juez que el delincuente”, dice Sintura.
La misma tesis defiende el ex fiscal general Alfonso Gómez Méndez, pues en su criterio la política criminal del Estado “se ha manejado a bandazos, según el escándalo del día”.
“El problema no es la cadena perpetua, como se discutió hace unos años. El problema es la aplicación efectiva de las penas. Aquí vivimos cambiando los códigos y eso no nos ha servido de nada”, agregó.
Gómez Méndez es partidario, más bien, de establecer penas severas sin rebajas, con un sistema penitenciario rígido y sin la posibilidad de estar cambiando los códigos penales.
“El problema del delito en Colombia es mucho más complejo que el simple establecimiento de la cadena perpetua”, concluye el jurista.
Con todo, el representante Luna Sánchez reitera que el proyecto no es coyuntural sino que obedece a un estudio científico serio que realizó su equipo de trabajo. Incluso, advierte que no se viola ningún tratado internacional sobre derechos humanos suscrito por Colombia.
“Creemos que llegó el momento de estar a la altura de los países más garantistas que castigan de manera ejemplar delitos graves como el asesinato o el abuso de niños”, explica.
Y concluye: “Fuimos muy juiciosos en nuestro análisis, ningún tratado internacional suscrito por Colombia prohíbe implementar la prisión perpetua. Otra cosa es la pena de muerte, que evidentemente sí está prohibida”.
La pena en otros países
Aunque la pena de prisión perpetua cada vez está más proscrita en el mundo, todavía existen muchos países en los cuales sigue vigente, pero para cierto tipo de delitos.
En 26 estados de Estados Unidos se aplica la cadena perpetua sin libertad condicional a “toda persona declarada culpable de homicidio premeditado, independientemente de su edad”. Hasta el año pasado, según Amnistía Internacional, había 2.225 en esa condición, algunos desde antes de ser mayores de edad.
Israel aplica esa legislación para delitos de terrorismo; en China, inclusive, para delitos de corrupción contra la administración pública, y en Bélgica opera para secuestro, violación y asesinatos de menores de 18 años.
Recientemente Perú aprobó esta condena para violadores de menores de 7 años; mientras, en naciones como Holanda, Chile y España procede este mecanismo “como alternativa a la pena capital”.
Según el ex vicefiscal Francisco José Sintura, la prisión perpetua está contemplada en la mayoría de países con sistema penal acusatorio anglosajón, y para delitos como homicidios fuera de combate, masacres, genocidios y ciertas conductas sexuales con menores.
Tres datos claves
1. La Constitución prohíbe la cadena perpetua. Para implementarla hay que modificar la Carta del 91.
2. El proyecto original establecía prisión perpetua para otras conductas como secuestro, reclutamiento forzado de menores, trata de personas y tortura, pero fueron retirados por estar incluidos en otros tratados internacionales.
3. Otros tres proyectos buscan endurecer las penas para delitos sexuales contra menores y elimina los beneficios penales. |
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