El proyecto de ley que buscaba implantar mayores condiciones de seguridad para las rutas escolares se hundió en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.
¿La razón? No era procedente elevar al rango de ley la reglamentación de este tipo de servicio. Ante esta decisión, el representante a la Cámara por Bogotá, David Luna, manifestó su inconformismo. “Buscábamos establecer los criterios y requisitos mínimos para la implementación, seguimiento, formación y control de medidas de seguridad industrial que deberían cumplir las empresas que presten o usen el servicio de transporte escolar”.
El año pasado, la Contraloría de Bogotá denunció que el 46% de los conductores de rutas escolares de colegios públicos aparecían como infractores de las normas de tránsito, reincidentes y morosos, con deudas cercanas a los $1.142 millones. Estos datos, sumados a los índices de accidentalidad, generaron la propuesta de Luna, rechazada el pasado 23 de mayo.
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