CON INTENCIÓN de ampliar las causales para la perdida de la patria potestad, también llamada potestad parental, hace tramite en el Congreso un proyecto de ley que pretende modificar el artículo 315 del Código Civil, relativo a la emancipación judicial de menores de edad, si estos son víctimas de accesos carnales violentos.
El articulado, de autoría de la Representante a la Cámara por el Movimiento Político Mira, Gloria Stella Díaz, afirma que “la emancipación judicial se efectúa, por decreto del juez, cuando los padres que ejerzan la patria potestad incurran en alguna de las siguientes causales: por maltrato habitual del hijo, en términos de poner en peligro su vida o de causarle grave daño; por haber abandonado al hijo; por depravación que los incapacite de ejercer la patria potestad y por haber sido condenados a pena privativa de la libertad superior a un año”.
En dichos casos podrá el juez del caso, proceder a petición de cualquier consanguíneo del hijo, del abogado defensor de familia y aún de uno de oficio.
La aprobación del proyecto significaría la inclusión de tres causales más referentes a delitos de abuso sexual, siendo estas: por tratar de corromper o prostituir al hijo o ser cómplices de su corrupción o prostitución; por abusar sexualmente del hijo, y, finalmente por consentir, permitir o facilitar el abuso sexual del hijo.
En estos últimos, aclara el proyecto “cuando el padre o la madre ejerzan patria potestad sobre más de un hijo, bastará que el hecho se haya causado contra uno de ellos, para que el juez tenga que declarar la terminación de la patria potestad respecto de todos”.
Así, se busca otorgar mayores mecanismos jurídicos para la protección de los niños y niñas víctimas de abuso sexual, en este caso con especial referencia a hechos efectuados por sus padres o con la aceptación o complicidad de ellos.
Ambiente receptivo
Éste no es el primer articulado que cursa en el Congreso con ánimo de proteger a la población infantil contra los abusos que los mayores que los rodean puedan cometer contra ellos.
En diálogo con EL NUEVO SIGLO, la representante Díaz, aseguró, frente a la viabilidad del proyecto, que “hay un ambiente receptivo, por que este tema del abuso sexual infantil a cogido mucha fuerza. Creo que hay voluntad poítica para sacarlo adelante”.
Además, “si se aparta al infractor de la custodia del menor, se garantiza su protección, por que con la tenencia de la patria potestad por quien lo abuso, se genera la continua recordación de lo que pasó” afirmó.
Aclaró también que “cualquier persona puede solicitar la emancipación, incluso puede ser declarada de oficio, la unica demora es que se demuestre la situación”.
“Cuando se pierde la patria potestad, les es prohibido ser autoridad sobre ellos, las visitas, y además acarrea por su puesto sanciones penales a las que de lugar el abuso cometido”, aseveró la Representante.
Así mismo resaltó “no he tenido un acercamiento con la directora del Icbf, pero las instituciones, el gobierno, ha sido muy abierto en estos temas. Y todo lo que sea para proteger, salvaguardar y blindar los derechos de los niños y las niñas esta siendo muy bien recibido”.
Por su parte, David Luna, representante a la Cámara, y quien há liderado la lucha contra el abuso sexual infantil, aseguró que “la emancipación queda claramente en cabeza de juez, lo cual me parece muy prudente por que solamente la autoridad judicial esta en capacidad de emancipar o retirar la patria potestad y sobre las causales me parece que todas son atinentes”.
Igualmente resaltó que existe el suficiente ambiente político para la discusión y aprobación de la iniciativa, tomando en cuenta que es “un proyecto positivo por que pretende proteger, con medidas mucho más contundentes a los menores y adicionalmente entregar una serie de instrumentos a los jueces para que actúen en protección de los menores.
Aseveró además, que de haber algún freno en la discusión del proyecto, sería a raíz de “la cantidad de causales que pueden ser arribadas por el juez o en su defecto por las partes, peo no creo que eso vaya a delegar mayor controversia”.
“Siento que el proyecto tiene sustento jurídico” concluyó.
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